Narcotest a funcionarios de los tres poderes del Estado: “Está dirigido a la lucha contra el narcotráfico”
El proyecto que propone la obligatoriedad de hacerse análisis para desempeñarse en la función pública está en comisión en la Cámara Baja. En el corto plazo entraría en la agenda de las iniciativas que serán tratadas.
A mediados del año pasado, la diputada por Cambia San Luis, Marisa Patafio, presentó el proyecto de ley "Ejemplaridad y Coherencia por parte de los Poderes Públicos de la Provincia", que de aprobarse, implementa un mecanismo obligatorio y aleatorio sobre las autoridades del Ejecutivo, Legislativo y Judicial en cuanto al consumo de drogas.
Desde ese momento, permanece en la comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria porque los legisladores de Alberto Rodríguez Saá lo pisaron para que no avanzara el tratamiento.
“Está dirigido a la lucha contra el narcotráfico. Acá se trata de ejemplaridad y coherencia de los funcionarios porque tenemos responsabilidades y nuestras conductas afectan a la sociedad, no sólo los diputados sino también los funcionarios del Ejecutivo, jueces, fiscales, senadores, apunta a todos los que toman decisiones en que no consuman ni sean adictos”, manifestó Patafio a El Chorrillero.
Adelantó que en la próxima sesión pedirán que el proyecto sea girado a la comisión de Seguridad, que ella preside, para convocar a un plenario y debatirlo junto a la comisión de Asuntos Constitucionales. Si esto ocurre, podría llegar al recinto dentro de dos semanas.
En su articulado, la propuesta establece como requisito para permanecer en el ejercicio de la función pública en el nivel jerárquico y/o político el carecer de consumo y adicción a drogas ilegales.
Para determinarlo, todos los funcionarios deberán realizarse en “carácter obligatorio y de forma aleatoria”, un examen de detección de metabolitos estupefacientes en orina para determinar la presencia de sustancias psicoadictivas en sus organismos. Sin embargo, el mecanismo puede ser reemplazado por otros en función de su mayor precisión y efectividad.
El procedimiento debe realizarse en un plazo de cuatro meses desde la reglamentación de la ley, en caso de aprobarse, y las veces al año que se establezcan.
“El fundamento es que si vos ves un delito, según el Código Procesal Penal, tenés que denunciarlo. Imagínate que si consumís o comprás droga, sos testigo de un ilícito y a la vez estás siendo cómplice. La idea es que empecemos por casa, porque si decimos que vamos a combatir el narcotráfico y de verdad queremos hacerlo, los que tenemos alguna función en los tres poderes tenemos que ser el ejemplo”, sostuvo.
La propuesta también plantea la firma de convenios con universidades nacionales, con sede en la provincia, para la realización de los exámenes “observando que se tomen los recaudos para garantizar la confidencialidad de los resultados”.
En el caso de un test positivo, el funcionario tendrá derecho a exigir una contraprueba dentro de los 10 días hábiles siguientes acompañado por un perito de parte que designe el interesado. Si se repite, la autoridad de aplicación conjuntamente con las máximas autoridades de cada uno de los poderes, determinará si corresponde el otorgamiento de licencia, suspensión hasta su cese en la función pública o revocación del mandato.
El gobernador Claudio Poggi, durante su mensaje en la Asamblea Legislativa del 1° de abril, se mostró de acuerdo con la iniciativa.
"Se enmarca en la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el mercado comercial que este genera, ahora desde una visión de ejemplaridad y coherencia de aquellos que están en funciones públicas, de legislar, de juzgar y de ejecutar políticas públicas”, expresó en esa oportunidad.
Además, el Gobierno garantizará la asistencia médica y los tratamientos correspondientes, en caso que resulte necesario.
En el proyecto, se invita a los Municipios a adherir a la ley.